Este cambio implica que muchas compañías de tips de belleza medianas, incluidas algunas con actividad relevante en cosmética, quedarán fuera del ámbito de la regulación, reduciendo la obligación de supervisar riesgos ambientales y sociales en sus cadenas de suministro. Originalmente, la versión adoptada en 2023 imponía sanciones de hasta el 5% de la facturación global para aquellas compañías que no mitigaran los impactos negativos identificados, lo que sugería un impulso claro hacia mayores estándares de responsabilidad corporativa.
Implicaciones para el sector cosmético
Para las empresas del mundo beauty, estos ajustes legislativos cambian las reglas del juego de la responsabilidad corporativa. Firmas más pequeñas o medianas podrían quedar exentas del escrutinio exigido inicialmente, lo que reduce los incentivos regulatorios para mejorar prácticas ambientales, sociales o de gobernanza (ESG).

Sin normas obligatorias aplicables de forma más amplia, que promuevan auditorías externas, trazabilidad o medidas correctivas, la autorregulación y la presión del consumidor adquieren mayor peso. Marcas que ya invertían en estándares sostenibles podrían ver más difícil distinguirse frente a competidores con menos exigencias regulatorias.
Sin normas obligatorias aplicables de forma más amplia, que promuevan auditorías externas, trazabilidad o medidas correctivas, la autorregulación y la presión del consumidor adquieren mayor peso.
Además, para proveedores de ingredientes, fabricantes de envases o subcontratistas, la menor exigencia normativa puede traducirse en menos controles a lo largo de la cadena, lo que podría incrementar riesgos reputacionales o de cumplimiento para marcas finales.
Qué esperar ahora
El Parlamento Europeo votará sobre el texto revisado en las próximas semanas antes de que comience la negociación con los Estados miembros. Si se aprueba, la aplicación plena de la directiva quedará con un alcance más limitado de lo que muchos actores del sector habían anticipado.
Para el ecosistema cosmético, este giro representa un nuevo escenario: aunque se mantiene la obligación para las grandes corporaciones, queda por verse cómo responderán consumidores, inversores, certificadoras y marcas emergentes.
Este reajuste coincide con el momento en que marketplaces y distribuidores de belleza están bajo creciente escrutinio por su responsabilidad en sostenibilidad, como parte de las demandas globales hacia una industria cosmética más consciente y trazable